Servidores públicos de los tres niveles de gobierno, estudiantes universitarios, así como miembros de los organismos civiles y empresariales, participaron en el Segundo Foro de Socialización “Por un Futuro sin Violencia ni Reclutamiento” que promueve el Congreso del Estado para reformar el artículo 168 del Código Penal de Sonora.

A nombre del Alcalde Juan Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruíz destacó el compromiso que el gobierno de la ciudad tiene en materia de seguridad pública y protección ciudadana.

Destacó las políticas públicas que el presidente municipal aplica en el fortalecimiento del estado de fuerza, aplicación de la ley, respecto de los derechos humanos, así como en torno a la prevención del delito, los apoyos al sector estudiantil por medio de becas económicas, entre otros rubros que permiten inhibir las conductas antisociales dentro de la comunidad.

Durante este foro de consulta en el que estuvo presente la presidenta del Patronato del Voluntariado del DIF Municipal y primera dama de la ciudad, Griselda Quintero de Gim, así como los directores de algunas dependencias del gobierno de la ciudad, el diputado local y presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, René García Rojo dio la bienvenida a quienes asistieron y agradeció la hospitalidad del Alcalde y de los nogalenses.

Luego el legislador local Raúl Gonzáles de la Vega ofreció una explicación de la iniciativa que se presentará en el pleno del Congreso a fin de hacerle adecuaciones al artículo 168 del Código Penal de Sonora a fin de aumentar las sanciones y las penas a quienes cometan delitos de reclutamiento de personas con fines delictivos, así como dobletearla hacia los servidores públicos que se involucren estos actos.

Ante la presencia de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de regidores de la comuna local, así como de profesores y alumnos de algunas universidades, el legislador sonorense destacó que la participación de la ciudadanía en este proceso de consulta, será vital para lograr el objetivo.

Dijo que actualmente la pena para quienes reclutan personas con fines criminales es de 12 a 30 años de cárcel y la propuesta que se sugiere es aumentar esas penas y dobletearlas cuando se trata de servidores públicos.

Varias personas, principalmente miembros de las agrupaciones civiles, tomaron la palabra para ofrecer algunas sugerencias en torno al planteamiento y varios estuvieron de acuerdo en estos cambios al Código Penal.